En el Estatuto del periodista profesional confluyen unos derechos y obligaciones que, como tal, estos últimos no quedan exentos de sus amonestaciones; como por ejemplo, la retirada parcial del carné que acredita la profesión periodística. Corrieron numerosos ríos de tinta desde la primera propuesta del estatuto; según muchos profesionales, este documento minaría la libertad del ejercicio periodístico.
Pongamos como referencia algo a lo que se tiene que enfrentar el periodista día a día: transmitir una información lo más objetiva posible. Podrá hacerse una idea de cuál complejo es el trabajo del comunicador. No es una profesión que admita fácilmente las barreras a su ejercicio, aunque su responsabilidad es inmensa: se puede cambiar el mundo con una foto; pero unas irresponsables líneas hundirán el honor de una persona para toda su vida. Será necesario, por tanto, que el periodismo conlleve unos límites de acuerdo con el derecho y que se asegure una actividad veraz y responsable. Paradójicamente, para esta finalidad muchas veces no se trata de restricciones sino de garantizar que el periodista acceda más fácilmente a una información fiable y que pueda publicar su trabajo con libertad.
Por eso mismo, este estatuto promete que los periodistas acreditados como tales puedan desempeñar sus obligaciones con independencia y garantías. Pero queda como asignatura pendiente que estas bonitas intenciones puedan llevarse a la práctica sin que la censura de los propios medios o los intereses económicos y políticos primen sobre el derecho de información.
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